Glifosato o ese lugar en donde el gobierno nacional y las entidades del campo viven armoniosamente.

Leandro Querido.

Politólogo. UBA.

@leandroquerido

El 11 de junio comenzó un juicio histórico, un verdadero leading case. En los tribunales II de la provincia de Córdoba están juzgando a tres hombres, dos productores agropecuarios y un aviador. La imputación se centra en “la aplicación indebida de agrotóxicos” sobre una población determinada, en este caso, Ituzaingó anexo, un barrio períferico de Códoba capital.

En realidad, se están juzgando otras cosas, como por ejemplo la ambición desmedida, la codicia, la falta de escrúpulos y la insolidaridad. La búsqueda de rentabilidad es el motor de un capitalismo que de responsabilidad social y ambiental mucho no comprende.

En la Radio de la Universidad de Buenos Aires tuve la oportunidad de entrevistar a la Dra.Betiana Cabrera Fasoli, una joven médica y docente cordobesa que indignada, angustiada por lo que estaba viviendo su pueblo decidió hacer algo. Así como el actual régimen de explotación agraria, basado en las semillas transgénicas, la siembra directa y la exportación rápida saca lo peor de los empresarios rurales, también saca lo mejor de mucha gente que no tolera el curso que han tomado los acontecimientos.

El relato de la entrevistada comenzaba así: “en el pueblo los primeros síntomas no tardaron en llegar, algo malo estaba pasando con el bicherío”. Las mariposas no se hacían notar, en las lagunas los sapos no aparecían y el croar de las ranas era prácticamente inperceptible. Los viernes a la noche una avioneta sobrebolaba el pueblo, el olor típico de los agrotóxicos se apoderaba de todo.

Al comenzar la semana las maestras debían dictar clases con las ventanas cerradas. Algunas escenas volvieron a alertar a los pobladores. Muchas señoras comenzaron a usar pañuelos en sus cabezas con la intención de ocultar la debilidad de sus cabellos. En las plazas o en las esquinas del lugar los chicos jugaban como siempre con la diferencia que ahora debían hacerlo con un barbijo en sus caras.

Se dice que los cuerpos hablan, y en este caso comenzaron a gritar. Las primeras manifestaciones fueron las enfermedades respiratorias y las alergias, luego las dermátologicas para dar lugar a la prevalencia de cánceres blandos, la leucemia o los linfomas. Este panorama cerraba con la presencia de cánceres menos frecuentes como los hepáticos y los testiculares.

Las madres dejaron de ser solo eso, madres, y a medida que fue creciendo su lucha se las llamó “Las Madres de Ituazaingó”. No fue nada fácil el darle visibilidad a este drama, es así que presentaron 96 denuncias penales sin respuesta. La situación cambió cuando un ex funcionario se sumó a estos reclamos. Se trataba del ex Subsecretario de Salud de la Ciudad de Córdoba, Meandro Ávila Vázquez, ahora uno de los querrellantes en este juicio.

            Cuando el gobierno nacional y las entidades agropecuarias se pelean lo hacen solo por plata como se dice coloquialmente. Se nota demasiado la codicia de estos dos sectores en pugna. Pero debe quedar claro que en cuanto a las consecuencias de este modelo deshumanizado son socios, son cómplices.

El gobierno nacional no controla a los productores agropecuarios, permiten que maximicen sus recursos a cualquier costo; las entidades agropecuarias por su parte asumen una defensa corporativa de los productores en cuestión. De modo llamativo, aducen problemas de costo sin importarles lo más mínimo la salud de las poblaciones rurales. Sin embargo, estas entidades en sus apariciones mediáticas, cuando se discuten los problemas de la renta dicen representar “al campo”. Queda claro que los pueblos como Ituzaingó no forman parte de esta categoría.

La Unión Europea prohibió la fumigación aérea, también confirmaron distintios estudios de entes especializados que el glifosato persiste en las napas subterráneas ocasionando grandes problemas para las personas que consumen esa agua. No obstante, las entidades agrarias persisten con el argumento de la “no causalidad”, como si estuvieran sometiendo a los habitantes de esos lugares a una prueba o experimiento.

La Cámara 1 del Crimen, integrada por los jueces Lorenzo Rodriguez, Mario Copdevilla y Susana Cordi Moreno, se encuentra ante la posibilidad de dar un golpe de timón a favor de los numerosos ciudadanos de nuestro país a los que la geografía los hace más vulnerables. Un fallo ejemplar podría poner fin a este escandaloso idilio entre los gobiernos y las entidades del campo, glifosáticamente hablando, claro.