miércoles, 10 de diciembre de 2008

Ladrones de guante blanco.




Así es el título del último libro del historiador Lucio Mir, Ladrones de guante blanco. La corrupción porteña en tiempos de la South Sea Company (1713-1752) publicado por Biblos en el presente año.
Como reflexión obligada podemos decir que los ladrones de este tipo son la contracara de los llamados ladrones de gallinas. Estos últimos se caracterizan sobre todo por el hecho de actuar en condiciones precarias, movidos por la más elemental necesidad de saciar el hambre. Queda claro que aquí no hay planificación, tampoco acompañamientos de ninguna índole; es un acto delictivo que se comete desde la individualidad y en situaciones oportunas.
En cambio, los ladrones de guante blanco hacen del hecho delictivo un fino proceso con un discreto encanto que puede variar según el caso pero que siempre presenta una característica común: la presencia apañadora del poder.
Cuando se trata de conformar o consolidar una red de corrupción, sea pública o privada, se necesita por acción u omisión al Estado.
En el debate público actual este problema se encuentra presente y no pocos habitantes de nuestro país manifiestan su odio hacia el gobierno de turno por el hecho de malversar los fondos públicos.
Cuando en un país la corrupción es estructural los mecanismos que la garantizan están solapados, un complejo andamiaje de recursos institucionales y normativos permiten su funcionamiento. Sin embargo, hay algo que no se puede evitar y son las consecuencias que un acto de corrupción perdurable en el tiempo conlleva. El funcionario no tarda demasiado en ostentar los beneficios del sistema y es aquí cuando la sospecha de la sociedad se generaliza. No obstante, esta presenta dificultades para encontrar un anclaje. Se sabe que se enriquecen ilícitamente pero no se sabe cómo, se desconoce el medio por el cual el corrupto actúa.
Por eso es muy interesante el libro de Lucio Mir que expone un estudio de un caso que esclarece el modo, la figura normativa acerca de cómo se llevaba adelante el contrabando de esclavos y de productos importados en el Río de la Plata. Allí queda evidenciada la connivencia entre las autoridades coloniales, la empresa público-privada inglesa South Sea Company y los comerciantes locales.
El autor, en una entrevista radial que me concedió, sostuvo que el Gobernador de Buenos Aires, en concepto de gratificaciones, había recibido en un año el equivalente al valor de 166 casas de la época, con lo cual se demuestra la envergadura de dicho negocio.
El valor del libro, entonces, es doble: por un lado este caso testigo deja al desnudo la presencia inglesa en el Río de la Plata por el año 1713, con lo cual se la detecta mucho tiempo antes que la historiografía en general dado que la fecha habitual data de 1806, es decir, al momento de producirse la primera invasión inglesa. En segundo lugar, el libro nos traslada inevitablemente a nuestro presente, nos invita a desarrollar un ejercicio reflexivo con la intención de detectar por dónde pasa el circuito de la corrupción, cuáles son sus resortes institucionales y normativos más elementales.
Es muy probable que cada uno de los que realicen este sendero llegue a destinos muy diferentes, no obstante, me siento obligado a hacer públicas mis conclusiones y estas me dicen que la corrupción estructural le debe su exitoso desarrollo, sobre todo, a las leyes de emergencia económica, la ley 25.561, que desde el 6 de enero del 2002 se mantiene de algún modo vigente con sus modificaciones y su prórrogas como por ejemplo la última realizada a fines de este año 2008.
En este sentido, podemos introducir el notable trabajo del filósofo romano Giorgio Agamben sobre el estudio de los estados de excepción caracterizados por esas situaciones de emergencias ficticias provocadas por los gobiernos con nulo apego republicano y que en la práctica funcionan como un pretexto para suspender el orden jurídico o para evitarlo por el mayor tiempo posible. En estos momentos de confusión es cuando el circuito de corrupción mejor funciona; confusión entre la regla y la violencia que implica su violación.
En definitiva, tanto las instituciones de España en la etapa temprana colonial, como las instituciones de la actual e independiente Argentina se emparentan en su debilidad y por lo tanto vulnerabilidad. Sin embargo, no son pocos los dirigentes de nuestro país que muestran su fastidio cuando se habla de republicanismo y fortalecimiento institucional; desconocen que sin estas condiciones tampoco hay ninguna posibilidad de avanzar hacia una democracia sustancial. La democracia procedimental que tenemos es congruente con el republicanismo famélico actual que padecemos; terreno propicio para los ladrones de guante blanco.

4 comentarios:

Niceforo dijo...

la corrupcion corre x las venas del capital...

un abrazo

ApocBlogger dijo...

En el siglo XVIII, las redes de corrupción enquistadas en el poder tenían sus propias modalidades operativas. En el siglo XXI, los negociados podrán ser otros, pero las redes de corrupción necesitan, en esencia, de algo similar, el tráfico de influencias.

Anónimo dijo...

no sera un alumno ejemplar juan navarro de la comision de trabajadores que mando jubilar a compañeros en apuba por ancianidad y el tiene 72 años?

El Flaco dijo...

MIRA ESTE OTRO LADRON... CÓMO RESPETA EL LEGADO DEL PADRE DE LA DEMOCRACIA:
Denuncia judicial contra Morales
Es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito

Fuente: http://www.eldia.com.ar/noti_actual_base.aspx?idnoticia=68813&voto=si&link=http://www.eldia.com.ar/edis/20091113/20091113111016.htm

El titular de la UCR, Gerardo Morales, fue denunciado ante la Justicia Federal por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, luego de las declaraciones públicas que realizara la dirigente social jujeña Milagro Sala.

Fuentes judiciales informaron que la denuncia, la cual recayó en el juzgado federal de Sergio Torres, fue realizada por una particular tras el enfrentamiento mediático entre Morales y Sala luego del "escrache" que sufriera el senador durante un acto en su provincia.

La presentación fue realizada por una persona identificada como Verónica Costa, quien en el escrito se basó en declaraciones de Milagro Sala, las cuales fueron reproducidas por varios medios de comunicación.

Sala había dicho que Morales "recibe un subsidio de 144 mil pesos todos los meses para la radio FM NOA cuya propiedad le atribuyó", y que "inventó algunas organizaciones sociales para recibir fondos propios", sumado a que "maneja una financiera e inclusive tiene a su cargo la construcción de edificios para hoteles".

La denunciante tuvo en cuenta un artículo del diario Perfil sobre las declaraciones de Sala, y recalcó que "la información amerita por sí sola la investigación penal que se propicia, en la medida que las aseveraciones de Milagro Sala dan cuenta de un enriquecimiento desproporcionado de Morales, difícilmente compatible con el ejercicio de la función pública".